La fragmentación de las leyes de insolvencia en la Unión Europea ha sido históricamente un obstáculo.
El Consejo de la Unión Europea ha dado el respaldo final, tras la aprobación por el Parlamento Europeo el pasado 10 de marzo, a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de la legislación en materia de insolvencias. Los Estados miembros disponen de dos años para su transposición a nuestra legislación nacional.
Esta nueva propuesta de Directiva marca un hito al establecer requisitos mínimos en áreas críticas que impactan directamente en la recuperación de activos y la duración de los concursos.
1. Acciones de Reintegración (Avoidance Actions)
La norma busca proteger la masa activa permitiendo anular actos realizados antes del concurso que perjudiquen a los acreedores.
- Presupuestos Generales: Se armonizan las condiciones para declarar la ineficacia de actos perjudiciales perfeccionados antes de la apertura del procedimiento.
- Trato de Preferencias: Los actos que beneficien a un acreedor (pagos o garantías) podrán anularse si se realizaron en los tres meses anteriores a la solicitud de concurso, siempre que el deudor ya fuera insolvente.
- Excepciones por «Fair Consideration»: No serán anulables los actos realizados contra una contraprestación justa que beneficie a la masa, como el pago de salarios (hasta 3 meses), suministros básicos o servicios de asesores legales necesarios para la actividad diaria.
2. Localización de Activos: Más Poder para los Administradores Concursales
Uno de los mayores retos en concursos transfronterizos es la identificación de bienes. La Directiva introduce herramientas potentes:
- Acceso a Registros de Cuentas: Los tribunales o autoridades designadas tendrán acceso directo e inmediato a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros a través del sistema BARIS.
- Facultades de la Administración Concursal: Los administradores podrán solicitar estas búsquedas para rastrear activos del deudor o de terceros vinculados a actos anulables.
- Acceso a Registros de la Propiedad y Mercantiles: Se garantiza que los administradores de un Estado miembro puedan acceder a los registros de otros Estados sin condiciones más gravosas que los nacionales.
3. El Procedimiento «Pre-Pack»
Para maximizar el valor de la empresa, se regula el «pre-pack», que permite preparar la venta de la unidad productiva antes de la apertura formal del concurso.
- Fase de Preparación: El deudor busca compradores bajo la supervisión de un «monitor» independiente.
- Fase de Liquidación: Tras abrirse el concurso, se ejecuta la venta rápidamente.
- Continuidad de Contratos: Para evitar la pérdida de valor, los contratos necesarios para la actividad se ceden automáticamente al adquirente, incluso sin el consentimiento de la contraparte (salvo excepciones justificadas).
4. Responsabilidad de los Administradores Sociales
La Directiva impone un deber claro a los directores de las empresas:
- Plazo para solicitar el concurso: Deben presentar la solicitud en un máximo de tres meses desde que conocen (o deberían conocer) la insolvencia. Cabe destacar que la legislación española establece que el plazo será de dos meses, por lo que, siendo más restrictiva, esta modificación no afecta al tejido empresarial español.
- Responsabilidad Civil: Los Estados deberán asegurar que los directores sean civilmente responsables por los daños causados a los acreedores debido al retraso en la solicitud.
5. Transparencia y Digitalización
- Ficha de Información Clave: Cada Estado miembro publicará una ficha estandarizada (máximo 5 páginas) con los aspectos esenciales de su ley concursal (condiciones de apertura, prelación de créditos, etc.) para orientar a inversores extranjeros.
- Subastas Electrónicas: Se promueve el uso de plataformas de subasta online interconectadas a nivel europeo a través del Portal e-Justice.
En conclusión,
esta Directiva no sustituye las leyes nacionales, sino que establece un marco común de protección y aplicación.
Para las empresas y acreedores, significa mayor predictibilidad; para los administradores concursales, mejores herramientas de investigación; y para los administradores sociales, un marco de responsabilidad mucho más definido y, en algunos aspectos, más estricto.