Cinco Días publica el artículo de Carlos Pavón, socio director de GAULA Abogados, ante el previsible incremento de operaciones de M&A concursal en el actual contexto de crisis.
La hora del capital riesgo: más operaciones de M&A concursal
A río revuelto, ganancia de pescadores. No existe expresión en el refranero español que resuma mejor el panorama económico en España actualmente. Las situaciones de zozobra e incertidumbre provocan el caos, pero, a su vez, generan oportunidades para quienes saben aprovecharlas. La crisis del Covid-19 no es una excepción. Las consecuencias financieras de esta pandemia están teniendo una repercusión directa y abrupta en el tejido empresarial de nuestro país. Son muchos ya los negocios que no han logrado soportar semanas de inactividad y que se han visto abocados a la bancarrota.
En este contexto, los fondos de capital riesgo se van a convertir en los pescadores que más se van a beneficiar de este dramático trance sanitario-económico. A lo largo de los próximos meses se va a disparar el número de empresas que recurran al concurso de acreedores porque no pueden soportar más su actividad mercantil. Por lo tanto, se van a multiplicar las oportunidades para las compañías de capital riesgo, que podrán adquirir empresas a un coste muy asumible y, gracias a ello, con unas perspectivas de futuro, en algunos casos, muy rentables. A la vez, como recurso, el concurso de acreedores se configura como un mecanismo idóneo para salvar parte de la actividad productiva de la empresa, a través del mecanismo de la adquisición de la unidad productiva.
Esta voraz pandemia ha provocado que el 40% de las empresas españolas se hayan visto obligadas a cerrar temporalmente y otro 50% ha tenido que alterar la normalidad de sus servicios. Solo un privilegiado 10% ha tenido la fortuna de mantener su operativa habitual.
En este contexto, las perspectivas a corto y medio plazo no son positivas para muchas empresas, pero sí para las private equity: tres de cada diez compañías españolas se encuentran en situación de pérdidas. Para este año, se estima que los preconcursos se multiplicarán por cuatro y los concursos de acreedores se duplicarán.
El Real Decreto Ley 16/2020 frenará el número de solicitudes, pues incluye cambios para hacer frente a la crisis del Covid-19; sin embargo, esa medida se intuye como un mero paliativo que no hará más que prolongar la agonía del enfermo. El Banco de España se muestra favorable a proponer nuevos mecanismos para salvar muchas de las empresas ahora asfixiadas. Entre otros, sugiere la revisión de los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de su carga financiera. Para ello, propone medidas más ágiles y simplificadas en los concursos de acreedores, herramientas que les faciliten acceder a un marco preventivo que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables. En definitiva, incluso la Administración pública está alerta sobre la situación que se avecina y busca soluciones urgentes.
La cruda realidad se hará patente en el primer trimestre del próximo año. Mediante el mencionado real decreto ley, el plazo para presentar el concurso a todos los deudores se ha ampliado hasta el 31 de diciembre. Esa dilatación provocará una cascada de insolvencias en 2021. Un pronóstico que parece más que razonable, pues la tendencia de los empresarios es acudir a concurso cuando la situación es ya irreversible. Se acogen a un quimérico halo de esperanza, pero los números hace tiempo que dejaron de cuadrar. Como muestra, baste recordar que nueve de cada diez empresas que se declaran en concurso de acreedores terminan en liquidación; ahora bien, es importante comprender, a estos efectos, que la liquidación puede conllevar la transmisión de la unidad productiva a favor de un inversor que desea rescatar la actividad viable libre de las deudas que abocaron a la sociedad transmitente al proceso concursal.
El error de base, en este sentido, es del concepto sobre la propia percepción que se tiene de los concursos de acreedores, que deben concebirse como una parte de la estrategia para salvar el negocio. En pocas palabras, es una herramienta pensada para superar momentos de crisis. No tiene sentido apurar hasta el límite del precipicio, pues la idea es lograr un plan de pagos viable cuando la situación aún es salvable o, en caso de no alcanzarse un acuerdo, transmitir la unidad productiva viable a favor de un tercero. Y es que, cuanto antes se aborde la situación de insolvencia, mayores son las posibilidades de salir con éxito.
Un trabajo diligente durante el concurso de acreedores, de hecho, puede salvar el negocio con la compra de la unidad productiva, cuando se identifica que es rentable a medio y largo plazo. Son muchas las empresas que resucitan gracias a esa vía de liquidación.
Sectores como el ocio y el turismo o el comercio minorista de productos no alimenticios son los más perjudicados por la pandemia, por ende, los que más dificultades sufrirán para capear el temporal. Otras actividades como la salud o la alimentación, también serán más atractivas para los inversores. Aun así, previsiblemente las valoraciones van a sufrir una fuerte depreciación en términos generales, con lo que las empresas de esos sectores más firmes que no hayan conseguido equilibrar su balance de cuentas se presentarán como opciones muy suculentas para los inversores. Los bienes de consumo, el retail o la salud supusieron en 2018 más del 40% de las inversiones en España, por lo que pensar en un repunte de estos sectores no es descabellado; de hecho, se antoja como una ocasión tremendamente atractiva.
Todavía es pronto para hacer una previsión fehaciente sobre cómo y cuándo se producirá la recuperación, pero, en este escenario, sí queda claro que la apuesta está en la consolidación de operaciones en lugar de arriesgar creando empresas desde cero.
Es el momento de las private equity.