Recientemente, el portal Autónomos y Emprendedores publicaba una advertencia para aquellos que deciden iniciar un negocio adquiriendo una franquicia o un local en funcionamiento: Hacienda puede exigir al nuevo titular el 100% de las deudas fiscales del anterior. Esta derivación de responsabilidad solidaria, basada en la «sucesión de actividad», puede convertir una inversión prometedora en un problema financiero.
Cuando pensamos en la adquisición de una empresa en funcionamiento, debemos tener en cuenta que existe una vía legal que permite adquirir negocios o actividades empresariales sin cargar con la «mochila» fiscal del pasado: la compra de la Unidad Productiva a través de un procedimiento concursal.
El riesgo de la compra de una empresa «fuera» del concurso
Cuando un inversor o un emprendedor adquiere un negocio directamente de otro particular o empresa (fuera de un marco o procedimiento judicial), se aplica el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria (LGT). Este artículo establece que los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones económicas serán responsables solidarios de la deuda tributaria del anterior titular.
En la práctica, esto significa que a Hacienda le basta con comprobar que la actividad económica continúa bajo un nuevo nombre para requerir el pago de las cantidades pendientes anteriores.
La excepción legal: El Concurso de Acreedores
La ventaja de realizar la operación de adquisición de la actividad empresarial dentro de un concurso de acreedores es la protección que brinda el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) en relación con la Ley General Tributaria.
A diferencia de una venta ordinaria, cuando una empresa entra en concurso y se procede a la venta de su unidad productiva, la ley protege al adquirente. La clave reside en la extinción de la responsabilidad por deudas previas.
Mientras que la LGT busca el cobro a toda costa, la normativa concursal prioriza la continuidad de la empresa y el mantenimiento del empleo. Por ello, en el marco de un concurso, la deuda tributaria no «viaja» con la unidad productiva. El adquirente recibe los activos y la actividad «limpios», quedando las deudas fiscales vinculadas exclusivamente a la sociedad concursada, la cual terminará extinguiéndose.
Referencia Legal: El Artículo 224 del TRLC y la LGT
Es fundamental entender que, según el artículo 224.1.3º del Texto Refundido de la Ley Concursal, la transmisión de una unidad productiva no conlleva la asunción de las deudas tributarias o de Seguridad Social del concursado, salvo que el comprador sea una persona especialmente vinculada al deudor. En este punto, especialmente en relación a las deudas de Seguridad Social, existen matices que deben ser tenidos en consideración.
Esta norma prevalece sobre el artículo 42 de la LGT por el principio de especialidad. Además, debemos recordar que el artículo 59 de la Ley General Tributaria contempla la extinción de la deuda por los medios previstos en las leyes; en este caso, la culminación del proceso concursal con la liquidación de la sociedad deudora supone, de facto, la imposibilidad de derivar dicha deuda al comprador de la unidad productiva.
Seguridad Jurídica para el inversor
Si un inversor o emprendedor está pensando en expandir su negocio, adquirir una actividad en funcionamiento, entendiendo que no asumirá el endeudamiento del anterior titular, el asesoramiento especializado previo es vital.
Comprar fuera del concurso es un riesgo ciego. Comprar dentro del concurso la unidad productiva es una oportunidad estratégica que permite:
- Limpiar el balance: Adquirir solo los activos y contratos que generan valor.
- Blindaje fiscal: Evitar que Hacienda le reclame deudas que usted no generó.
- Seguridad jurídica: Obtener un auto judicial que ratifica que la unidad productiva se transmite libre de cargas tributarias.
En nuestro despacho somos expertos en guiar a emprendedores y empresas en la adquisición de unidades productivas, asegurando que su inversión se destine al crecimiento y no a pagar errores del pasado de terceros.