El concurso de acreedores del grupo empresarial dirigido por Juan Badía e hijos ha sido declarado culpable
Juan Badía pasó de vendedor ambulante a los bares de Sevilla, a carnicero de barrio y luego a distribuidor de hasta 200.000 jamones al año. Su grupo empresarial no dejó de crecer hasta que en plena crisis, una gestión deficiente y la falta de capacidad de reacción frente a los cambios de la economía, provocaron su quiebra.
Fruto de la pieza de calificación del concurso, Juan Badía ha sido condenado a dos inhabilitaciones de cinco años y al pago de 1,3 millones. Solidariamente con su hijo Víctor, igualmente condenado a 10 años sin poder administrar empresas.
Las dos sociedades que entran en liquidación, y cuyas quiebras han sido calificadas culpables en sentencias firmes, son Jamones Badía y Central de Compras Badía. Esta última era la propietaria de cinco ‘cash & carry’ y una pequeña red de carnicerías.
El grupo llegó a facturar 30 millones de euros a base un alto volumen de ventas a precios muy ajustados. Esta estrategia redujo considerablemente su capacidad de reacción cuando llegó la crisis del consumo. En 2014 solicitó el concurso de acreedores.
Otra de las firmas del grupo, Nuevas Líneas de Negocio Badía, también recibió la calificación culpable en su concurso. De igual modo, Juan Jesús Badía fue condenado igualmente a una inhabilitación de dos años en 2017.
Las deudas de Jamones Badía y Central de Compras, que eran el corazón del grupo, sumaban 28 millones al entrar en concurso voluntario. El proceso acabó en marzo pasado con la publicación de la sentencia condenatoria.
La toma de decisiones financieras arriesgadas para crecer en los años previos a la crisis se unió a una confusión generalizada entre el patrimonio familiar y el empresarial. Bienes de uso personal, como la casa de Sevilla, coches o un yate, eran costeados por el grupo. Los miembros de la familia retiraban, además, producto para su consumo sin pagar por ello.
Análisis de la contabilidad
Tras el análisis exhaustivo de la contabilidad de las empresas, la Fiscalía fijó la responsabilidad de Juan Badía y su hijo Víctor en los citados 1,3 millones. La jurisprudencia de los últimos años ha perfilado las condenas económicas a los gestores y tasado mejor por qué se les pueden imponer.
La empresa Jamonbadi, cabecera societaria del entramado familiar, ha sido igualmente calificada como cómplice de las irregularidades de las otras dos sociedades.
Entre las operativas irregulares descubiertas, estaba también la venta de producto de Central de Compras a otras filiales a márgenes muy bajos. Este producto además luego no se abonaba.
Las dos sentencias son firmes y se ha solicitado por ello al juez formalmente la ejecución de ambas a la espera de respuesta. Mientras, en otro juzgado de primera instancia de Sevilla, se dirime el embargo y desalojo de la vivienda del administrador pues el juez ha estimado la petición de desahucio instada durante el proceso de liquidación, y sólo se está a la espera de una apelación de último recurso.
Fuente: El Confidencial