El Juzgado Mercantil 3 de Sevilla ha declarado el concurso de acreedores de Inversión Corporativa, la sociedad constituida en 1981 y que agrupa a más de 300 accionistas de la segunda y tercera generación de las familias fundadoras de Abengoa: Benjumea, Aya, Abaurre, Solís y Sundhein.
Inversión Corporativa contaba con la mayoría del capital de Abengoa antes de su reestructuración para sentar las bases de su viabilidad.
Se ha declarado igualmente la insolvencia de otras sociedades filiales de Inversión Corporativa como Finarpisa, Iniciativas de Bienes Inmuebles (Ibisa), Iniciativas Concertadas, Iniciativas de Bienes Rústicos, Explotaciones Casas Quemada y Herrería la Mayor.
En suma, los activos de dichas compañías alcanzan los 184 millones de euros y un pasivo de 136,4 millones de euros.
Pérdidas desde 2015
Inversión Corporativa tuvo unos ingresos de 2,1 millones de euros en 2015, sin embargo desde entonces ha venido incurriendo en pérdidas reduciéndose su patrimonio, y entrando por tanto en causa de disolución.
Una de las razones de la declaración del concurso es el impacto negativo que tuvo en su cuenta de resultados el deterioro de la inversión financiera que tenía Inversión Corporativa en Abengoa por 27,2 millones de euros, registrando en 2017 unas pérdidas financieras por más de 30 millones de euros, lo que le llevó a contabilizar unas pérdidas totales de 37 millones.
Problemas de liquidez
A finales de 2015, Inversión Corporativa comunicó el inicio de negociciones con sus acreedores, llegando a un acuerdo a mediados de 2016.
Ahora, un auto judicial de 8 de enero de 2018 declara el concurso acumulado voluntario y ordinario de Inversión Corporativa y sus filiales, que conservarán las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometidas a la intervención de la administración concursal.
Inversion Corporativa no pudo hacer frente al acuerdo que firmó en 2016 para refinanciar su deuda en el primer concurso de acreedores y en 2017 tuvo que recurrir a nuevos préstamos de Explotaciones Casaquemada y Herrería la Mayor por un importe de 1,7 millones de euros. Al mismo tiempo, distintos acreedores financieros de IC adquirieron derechos reales de prenda sobre los derechos de crédito.
Los acreedores de las empresas en concurso deben comunicar en el plazo de un mes a la administración concursal los créditos pendientes.
Contra la decisión de declarar el concurso existe la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles.