La Fiscalia y la Administración concursal solicitan dos años de inhabilitación para los tres administradores de la disuelta firma de ropa deportiva
En el escrito presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, el Ministerio Público coincide con la solicitud formulada previamente por la administradora concursal que fue designada para este proceso.
Junto a esta calificación culpable, tanto el fiscal como la administración concursal solicitan que se inhabilite por un plazo de dos años a los administradores de la ya disuelta sociedad.
De igual modo se propone que se les condene de forma solidaria al pago del 100% del déficit concursal haciéndoles directamente responsables de la insolvencia de la sociedad, y por tanto, de una cantidad que se fija en un total de 260.310 euros.
El juez deberá por tanto considerar la petición de la Fiscalía y dictar sentencia en consecuencia en el marco de la fase de calificación del proceso concursal de esta empresa, que estaba especializada en ropa deportiva.
Concurso de Acreedores
Naffta entró en concurso de acreedores en mayo de 2017 tras acumular una deuda superior a los cuatro millones de euros y finalmente se vio abocada a su liquidación y disolución.
Actualmente se está procediendo a la venta de los bienes incluidos en el plan de liquidación, para lo cual el Juzgado ha abierto un plazo de dos meses para que se presenten ofertas por las dos naves de la compañía.
Asimismo, ha convocado una subastilla para marzo para adjudicar las marcas de la sociedad por las que ya han presentado ofertas tres posibles adquirentes.
La administración concursal sustenta su petición de que el concurso sea calificado como culpable en el “retraso” en la solicitud del mismo y el agravamiento de la insolvencia derivada de la falta de diligencia con los trabajadores.
Expone que los tres administradores contra los que se dirige este proceso contribuyeron al déficit concursal con este proceder.
En relación a la situación con los empleados, se señala que se permitió que los trabajadores acumularan un promedio de cinco mensualidades impagadas cuando se instó el concurso, motivando que éstos presentaran demandas que generaron indemnizaciones muy superiores a las que les corresponderían a una empresa en situación de insolvencia.
Fuente: Faro de Vigo