La entidad empresarial señala la imposibilidad de recibir subvenciones y el embargo decretado por el Consell como las principales causas que le impedían cumplir con el plan de viabilidad que había aprobado para salir del concurso.
La patronal alicantina Coepa solicitó formalmente su liquidación ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, responsable de tramitar el concurso de acreedores de la organización empresarial y que ahora deberá nombrar a un liquidador y revocar los poderes de sus actuales responsables.
Tal y como aprobó su junta y comité directivo el 21 de diciembre, Coepa se ha acogido al supuesto contemplado en el artículo 142.2 de la Ley Concursal y ha alegado «causas sobrevenidas» para justificar que no podrá cumplir con su plan de viabilidad.
Coepa argumenta que dichas causas son básicamente dos: la primera es la imposibilidad de recibir las subvenciones públicas que había previsto dentro del citado plan de viabilidad, ya que tras la desaparición de Cierval, tres meses después de la aprobación del convenio, así como la falta de acuerdo con la CEV impiden que reciba subvenciones de la Ley de Participación Institucional. El expediente de reintegro de subvenciones exigido por el Servef habían convertido a Coepa en deudor de la Administración, lo que también imposibilitaba el cobro de cualquier otra ayuda pública, como la que tenía concedida por parte de la Diputación Provincial.
Al respecto, la patronal recuerda que elevó un 25% las cuotas de sus socios para compensar esta situación, con la confianza de que los tribunales se pronunciaran sobre el recurso que habían presentado contra el citado expediente del Servef. También resalta la negativa de este organismo a atender sus múltiples alegaciones en contra de dicha reclamación -que siempre han considerado injustificada- e, incluso, apunta que, según la Ley General Presupuestaria, el expediente se debería haber cerrado de oficio ya que se refiere a ayudas otorgadas entre 2006 y 2010 y, por tanto, cualquier reclamación sobre las mismas habría prescrito a los cuatro años.
Fruto de todo lo anterior se llega a la segunda gran causa que argumenta la patronal y que no es otra que el embargo de las cuotas de sus asociados por parte de la Agencia Tributaria, siguiendo las indicaciones de la Generalitat, para recuperar 1.915.000 euros, más un 20% de recargo, por las citadas subvenciones que se otorgaron para la construcción del centro de oficios.
En su escrito, Coepa aprovecha para remitir el informe de seguimiento semestral del concurso, en el que destaca que, pese a todo, ha logrado cancelar todos los créditos ordinarios y los subordinados del convenio, es decir, los que estaban acogidos a la quita del 95%, por lo que habría cumplido con el convenio aprobado.
Lo que no podrá cumplir es el plan de viabilidad para pagar el resto de sus deudas, las que mantiene con los antiguos trabajadores de la patronal, el Fondo de Garantía Salarial y la Seguridad Social.
A esta cantidad habría que sumar los 1,9 millones que exige el Consell y la hipoteca del centro de oficios que mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas.
A partir de este momento, será el juez el que decretará la liquidación de Coepa y nombrará a un liquidador, que deberá encargarse de vender los escasos bienes que tenían la confederación para pagar todas estas deudas.