El actual equipo directivo de Isolux será quien adquiera finalmente el negocio de construcción de infraestructuras e instalaciones que la compañía tiene en España, para su relanzamiento.
Gracias al respaldo de un fondo de inversión, estarían en disposición a asumir alrededor de un centenar de trabajadores de la compañía que actualmente está inmersa en el concurso de acreedores.
Por ello la administración concursal de la empresa ha considerado que esta particular operación de ‘management byout’ constituye la mejor oferta y la más viable para la venta del negocio en España.
Mientras tanto se seguirá adelante con el proceso de desinversión y liquidación de los activos que la compañía tiene fuera de España para la generación de liquidez en beneficio de los acreedores, sin embargo, en relación a los activos en territorio nacional, el equipo directivo se quedará con una cartera de 140 proyectos de obra civil, infraestructuras e instalaciones.
Para acometer estos trabajos, la oferta de compra de la unidad productiva contempla el compromiso de quedarse con alrededor de un centenar de trabajadores, alrededor del 17% de los 575 que quedan en la empresa tras los últimos ajustes.
La administración concursal de Isolux inició hace unas semanas un proceso de ERE para todos los trabajadores que no sean asumidos por los adquirentes del negocio de la empresa. Se trata de un ajuste de afectación total con ejecución diferida en fases, por el que los empleados irán saliendo de la compañía de forma escalonada, en función del ritmo de liquidación de sus activos.
La propuesta de compra contempla igualmente la posibilidad de dar prioridad a estos trabajadores en caso de requerir más personal, a través de una bolsa de trabajo.
Con este primer acuerdo de venta, la administración concursal da un primer paso en el plan de desinversión de los negocios productivos viables de Isolux que lanzó el pasado mes de septiembre, dos meses después de que la compañía finalmente se viera abocada al concurso.
El grupo de construcción e ingeniería se acogió al concurso tras dos años de negociación con los bancos acreedores y un año después de que estas entidades trataran de rescatar la empresa tomando el control de su capital, con una deuda financiera de 1.270 millones, además de deudas a proveedores de 405 millones.
Se trata de uno de los mayores concursos los últimos años, con más de 2.000 acreedores, lo que llevó al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid a ampliar los plazos habituales de estos procedimientos.