El fin último de la liberación de las deudas de la persona física requiere, por disposición legal, la consideración de ésta como deudor de buena fe, para lo cual es preciso acometer una negociación con los acreedores bajo la supervisión de un mediador concursal. La ausencia de dicha negociación conllevaría la consideración de la persona física como deudor de mala fe, por lo que no podría aspirar a la liberación de sus deudas.

La función del mediador concursal consistirá en recabar del deudor una propuesta de pagos que se ajuste a la realidad de su situación económica, estableciéndose una forma de pago no superior a diez años y una quita de la deuda por el importe que reste por abonarse transcurrido dicho plazo, una vez descontados de sus ingresos corrientes los gastos ordinarios para su vida diaria.

Dicha propuesta será sometida a la consideración de los acreedores en una reunión convocada al efecto por el mediador concursal, tras lo cual se someterá a votación de los asistentes. En caso de ser aprobada, las deudas contraídas hasta la fecha se abonarán en los términos establecidos en dicha propuesta. En caso de no aprobarse, procederá el inicio de la segunda fase del procedimiento, el concurso consecutivo.

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La segunda fase del proceso de segunda oportunidad consiste en la liquidación ordenada del patrimonio del deudor como requisito para la liberación de las deudas contraídas hasta la fecha.

En particular, si el deudor carece de patrimonio, la liquidación como tal no tendrá lugar y se obtendrá automáticamente la liberación de las deudas pendientes. En otro caso, si el patrimonio del deudor se encontrase hipotecado, cabe proceder a su liquidación mediante la transmisión a un tercero de los bienes hipotecados subrogándose éste en la carga pendiente, tras lo cual se obtendría la liberación del resto de deudas pendientes. Por último, si el patrimonio del deudor se encontrase libre de cargas, habrá de procederse a su venta por cualquiera de los medios previstos legalmente, tras lo cual se obtendría la liberación de las deudas pendientes con independencia del importe obtenido en la venta del patrimonio.

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