El concurso de acreedores de Lagun-Artea llega a su fin.
El juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha dictado auto por medio del cual adjudica las dos unidades productivas (mecanizado y calderería, por un lado, y proyectos, por otro) según lo previsto en el plan de liquidación, a Bascotecnia, que acudía al proceso en alianza con Ondozabal.
La decisión implica la asunción de 42 trabajadores, ya que así consta en la oferta de Bascotecnia y Ondozabal.
El juez deja claro que los elegidos de entre la actual plantilla de Lagun-Artea entrarán en la nueva compañía en las mismas condiciones laborales que tengan en la actualidad.
El juez deja claro que los 13 millones de euros pagaderos al contado que ofrecen Bascotecnia y Ondozabal superan con creces la oferta de sus rivales, que estaban dispuestos a pagar 7,41 millones pero que cifraban su puja en 2,99 millones más. Entendían que el propio concurso se ahorraba en indemnizaciones por despido dicho importe puesto que pretendían emplear a todos los trabajadores de Lagun-Artea, mientras Bascotecnia estaba dispuesta a contratar a 42 (luego aclaró que esa cifra era un mínimo).
El magistrado sostiene en su argumentación que la propia administración concursal señaló que «ambas ofertas son totalmente admisibles con arreglo a los parámetros del plan de liquidación», y continúa señalando que «Bascotecnia ha aclarado» que los 42 empleos eran un suelo desde el que partir.
Respecto al ahorro en indemnizaciones planteado por Sarralle por su mayor empleo inicial, el magistrado rebate la teoría y, apoyado en distintas proyecciones y ejemplos prácticos, señala que esa comparación de trece millones frente a diez no es factible. Sumado todo, «no podemos resolver de otra manera que en el sentido de que la mejor oferta es la presentada por Bascotecnia»·, concluye el juez.
El juez recuerda que la finalidad primera del concurso es pagar a los acreedores de la concursada,y subraya que la legislación concursal señala que «la finalidad principal no es el saneamiento de las empresas, sino la satisfacción de los intereses de los acreedores a través, en la medida de lo posible, de una solución conservativa que es la que la Ley potencia».
«Se apostará por la conservación de la empresa en la medida que sea la forma más eficiente a los intereses de los acreedores», añade.
La adquisición, recuerda el auto, «será sin asunción de las deudas de la concursada, concursales o contra la masa, libre de cargas, gravámenes y limitaciones, con sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social, salvo en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial». Y concluye que los 42 contratos serán en las mismas condiciones que hoy tengan las personas elegidas.