El Diario Vasco, en su sección de Economía, se hacía eco de la Sentencia del Juzgado Mercantil N.º 1 de San Sebastián que libera a un empresario del sector de transportes de Irún, cuya compañía quebró en 2017, de su deuda con la Hacienda Foral, que ascendía a 661.000€
El fallo resulta atípico porque el magistrado resuelve en contra del criterio normativo recogido en el Texto Refundido de Ley Concursal aprobado el pasado mes de mayo de 2020, por el que se mantienen los créditos públicos, es decir, las deudas con Hacienda o Seguridad Social, fuera de la exoneración de deudas tras el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad.
Este juzgado, en cambio, se ampara en la legislación europea para liberar al empresario del endeudamiento que arrastraba con las administraciones públicas, abriendo tímidamente la puerta a este novedoso tratamiento judicial.
El empresario de Irún se vio obligado a cerrar, tras lo cual la Diputación le derivó la responsabilidad a título personal de toda la deuda generada por la empresa que ascendía a 788.410€.
El deudor se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad liquidando todo su patrimonio, como exige la norma, y reduciendo el pasivo hasta los 661.000€ de deuda con Hacienda.
Tras la demanda presentada por la Administración oponiéndose a la liberación total de las deudas del empresario, el juez rechazó su tesis admitiendo la exoneración total de las deudas.
Esta aplicación directa de la normativa europea se adelanta a los trámites de transposición que deben efectuarse antes del 17 de julio a fin de «mejorar el marco legal» para que un emprendedor pueda comenzar de nuevo tras el fracaso empresarial.
En el caso comentado la Audiencia Provincial tendrá que resolver el recurso de apelación presentado por la Hacienda foral, si bien es posible que para entonces se haya tramitado la transposición, por lo que posiblemente el criterio aplicado sea ratificado.
Si así fuera, se abriría la puerta a un nuevo aluvión de procedimientos concursales de personas físicas que arrastran la pesada carga de la deuda pública.
El Diario Vasco recoge la opinión de Carlos Pavón, socio director de GAULA Abogados, como especialista en reestructuraciones y concursos de acreedores. En su opinión, «es una decisión compleja y extraordinaria, innovadora e independiente». «Hay miles de casos de personas pendientes de las próximas resoluciones judiciales» aunque reconoce que el asunto no está resuelto todavía ni tiene por qué ser otra vez favorable para los intereses del deudor, ya que los tribunales de máximo nivel tienden a ser próximos y sensibles a las grandes instituciones.