Agueri, una de las principales promotoras del plan parcial Playa Blanca, ha presentado concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. La promotora solicitó este concurso a principios del mes de octubre, sólo unos días después de que el Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife la condenara, junto a otras dos promotoras, a devolver casi diez millones de euros a compradores de viviendas en ese plan parcial.
El Juzgado ha solicitado que se anote la declaración de concurso en el Registro de la Propiedad en doce bienes inmuebles que pertenecen a la inmobiliaria, que tiene su sede social en Las Palmas. Cuatro de esas fincas son del Registro de Tías, cuatro de Las Palmas y cuatro más de Santa María de Guía.
Agueri fue una de las grandes promotoras de ese plan parcial junto a otras sociedades como Alabena o Palmera Canaria.
En una demanda que se sigue por la vía penal en el Juzgado número 4 de Arrecife se señalaba que estas sociedades conocían al detalle todas las cuestiones relativas a la gestión y ejecución de la urbanización, y que también habían participado en la promoción de otros planes parciales, como Las Coloradas, y que siguieron en esta ocasión la misma estrategia jurídica, de hechos consumados, que se había seguido antes en aquel plan.
En esa demanda se apuntaba como una de las figuras centrales de este proceder al letrado de los promotores del plan parcial desde 2002 que a su vez habría sido el autor de un informe de 2004 en el que se apoyó el Ayuntamiento de Yaiza para iniciar la urbanización en contra de las numerosas advertencias de ilegalidad.
La empresa Agueri fue condenada en septiembre, junto a otras dos sociedades, a devolver casi diez millones de euros a los compradores de las casas, con licencias anuladas.
El plan parcial Playa Blanca fue extinguido por la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes de 2001 pero se siguió tramitando, se siguieron concediendo licencias y se construyeron 400 casas. Después se anularon tanto las licencias como el plan, aunque en 2014, con la entrada en vigor del nuevo Plan General, se negoció otro convenio para legalizar las casas.
Sin embargo, muchos compradores optaron por reclamar el dinero de las viviendas, y ya ha habido varios casos en los que se les ha dado la razón, hablando incluso de “mala fe” en la venta.
En la última sentencia, del pasado mes de septiembre, el Juzgado considera que los vendedores no advirtieron a los compradores de que los procedimientos contra las licencias ya estaban en marcha cuando se firmaron los contratos de compraventa. Además la sentencia dice que el objeto entregado no cumple las expectativas de los compradores porque se promocionaba como una urbanización de lujo con todo tipo de servicios pero que no está ni siquiera terminada.
Las casas costaron entre 225.000 y 292.000 euros y se vendieron a compradores del País Vasco como segunda residencia cuando el Cabildo de Lanzarote ya había interpuesto varios recursos contencioso administrativos contra las licencias concedidas.