Una de las principales novedades de la reciente reforma de la Ley Concursal es el mecanismo preconcursal de los planes de reestructuración. Esta herramienta reemplaza a los antiguos acuerdos de refinanciación y permite a los deudores y acreedores superar la insolvencia sin necesidad de pasar por el proceso judicial del concurso de acreedores.
Los Planes de Reestructuración son una herramienta legal que limita la intervención del juez a aprobar los acuerdos entre el deudor y la mayoría de sus acreedores, incluso si algunos acreedores o accionistas no estuvieran de acuerdo con su contenido.
El objetivo es crear un espacio de negociación entre el deudor y los acreedores para llegar a un acuerdo que remueva la situación de insolvencia de la sociedad. Una vez aprobado judicialmente, este acuerdo afecta a todos los acreedores, incluso a los que no lo aprobaron.
El artículo 614 del TRLC define estos planes como aquellos que buscan cambiar la estructura del activo y pasivo del deudor o sus fondos propios, incluyendo ventas de activos, unidades productivas o la empresa completa, así como cualquier cambio operativo necesario.
Esta definición amplia permite diversas opciones de reestructuración, desde simples refinanciaciones hasta cambios complejos que pueden incluir la venta de la empresa. Según las necesidades específicas de cada caso, se puede diseñar un plan que cumpla con esta definición y que permitan dar continuidad a la actividad comercial de la empresa.
El uso de este mecanismo busca que el plan sea aplicable incluso por aquellos que no lo aprobaron. Por eso, el artículo 615.1 del TRLC dice que estos planes pueden afectar a:
- Acreedores que no votaron a favor del plan.
- Socios de la empresa que no aprobaron el plan.
A veces, aunque algunos acreedores o socios no estén de acuerdo con la reestructuración propuesta, este mecanismo ayuda a superar esa situación.
Además, el artículo 615.2 del TRLC prevé un segundo uso de los planes de reestructuración: proteger la financiación nueva e interina que prevea el plan. Esto se hace para que los financiadores tengan menos miedo de perder su dinero si la empresa entra en concurso, dándoles una protección legal que favorezca la recuperación de la empresa.