La empresa Seguridad Integral Canaria, ha presentado su solicitud de concurso de acreedores para buscar una salida financiera a sus problemas con la Seguridad Social y AEAT, que le obliga a adaptar los salarios de su plantilla al convenio nacional nacional y no al propio que había configurado con otras empresas del sector.
Tras la reforma laboral de 2012, Seguridad Integral Canaria, se acogió a la posibilidad de descolgarse de los convenios nacionales y comenzó a pagar a su plantilla salarios muy inferiores, lo que le permitió ganar numerosas adjudicaciones públicas de servicios de seguridad.
Este mes ha habido numerosas protestas por parte de los empleados, que incluso han organizado colectas de dinero por Navidad y Reyes para sus hijos pequeños.
La empresa ha admitido que los embargos sobre sus cuentas le han obligado a presentar concurso de acreedores, con la intención de afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible.
Sus directivos defienden que, en esta situación, la única herramienta legal a su alcance para restablecer el normal funcionamiento de la empresa es presentar concurso de acreedores voluntario, con la intención de no dejar ninguna deuda contraída, en línea con la historia de esta empresa, de 22 años de existencia.
La empresa asegura que toma esta decisión con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad.
Seguridad Integral Canaria había llegado hace semanas a un acuerdo con CC.OO. e Intersindical Canaria para fraccionar hasta 2020 el pago de la deuda contraída con sus trabajadores a raíz de esa sentencia, que le obliga a pagar con carácter retroactivo los salarios del convenio nacional del sector, superiores a los suyos.
Un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido reactivar el proceso de ejecución forzosa de esa deuda a petición del sindicato USO, por estimar que no se había cumplido la condición básica del acuerdo y que la empresa no había presentado pruebas de que esa medida fuera a desestabilizarla.
Los directivos de Seguridad Integral Canaria anunciaron el pasado 24 noviembre un plan urgente de saneamiento, que pasaba por reducir un 90 por ciento su plantilla, por la vía de transferir casi todos sus empleados a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, sociedad a la que ha vendido su cartera de clientes.
La sentencia del Supremo hacía inviable su estructura de costes, pero también expresaron su confianza en poder plantear una salida ordenada de la empresa del sector de la seguridad privada gracias al acuerdo con CC.OO. e Intersindical.