La empresa de reciclaje que mantiene 80 empleos directos pacta un 50% de quita de su deuda y el pago del resto en diez años.
Los representantes de la empresa han alcanzado su objetivo con la firma del convenio de acreedores que les permitirá salir del concurso de acreedores tras más de tres años, con una deuda de 8 millones de euros.
La compañía dedicada al reciclaje, mantiene 80 empleos directos. Para la aprobación del convenio necesitaba el apoyo del 65% de su pasivo ordinario y ha conseguido que se adhiera más del 75%, con lo que, una vez que se dicte sentencia, pondrá fin al concurso.
A partir de entonces, la sociedad deberá llevar a término los acuerdos alcanzados que consisten en una quita del 50% de la deuda y un fraccionamiento a diez años para el pago del resto del pasivo.
La realidad es que a esta fase llega una mínima parte de las empresas que entran en concurso (no más del 5%) y hacerlo garantiza en buena parte la viabilidad de la empresa y que sus acreedores puedan cobrar al menos parcialmente sus créditos.
El director general de la empresa, Alberto España, agradecía el apoyo de sus acreedores para la obtención de este acuerdo y acto seguido, mantenía una asamblea con sus trabajadores para informarles de la nueva situación de la empresa.
La compañía onubense, con más de 60 años de historia, entró en diciembre de 2014 en concurso de acreedores ante la incapacidad de hacer frente a la deuda acumulada durante los dos años anteriores por la puesta en marcha de su segunda unidad de negocio, la planta de tratamiento de plásticos agrícolas, una iniciativa por la que apostó para solucionar de forma integral el problema medioambiental que históricamente vienen provocando los residuos generados por los plásticos agrícolas y para el que hasta ese momento nadie había planteado ninguna medida.
La puesta en marcha del proyecto supuso una inversión de casi seis millones de euros. Un proyecto de escasa rentabilidad debido al alto grado de contaminación, principalmente tierra silícea, que presentaban los residuos plásticos y que llevó a que el coste de producción fuese superior al precio de venta del material procesado.
Ante la falta de rendimiento, la compañía se vio abocada a solicitar el concurso voluntario de acreedores.
Actualmente, Antonio España e Hijos se ha reestructurado optimizando sus recursos para llegar a una facturación anual de 7 millones y poder mantener así los 80 puestos de trabajo de su plantilla.
Antonio España SL tendrá que negociar ahora las condiciones del pago de la deuda que mantiene con el Ministerio de Industria, uno de sus acreedores, y que se queda al margen del convenio que se firmó ayer porque afecta a un crédito privilegiado por valor de 750.000 euros. La deuda es de un crédito cuya obligación de pago vencía en 2015, una vez que la empresa ya estaba en concurso. El préstamo inicialmente dejaba un plazo de 15 años para el pago y al entrar en la gestión de Hacienda se le aplican criterios inamovibles que fijan ese pago en dos años.