El concurso de acreedores, conocido anteriormente como suspensión de pagos o quiebra, es un proceso legal crucial diseñado para gestionar situaciones de insolvencia tanto para individuos como para empresas. Este procedimiento ofrece un marco estructurado para abordar la incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras exigibles.
Exploraremos en este artículo y siguientes, qué implica un concurso de acreedores, sus fases, implicaciones y cómo puede afectar a los diferentes interesados o afectados.
¿Qué es un Concurso de Acreedores?
El concurso de acreedores es un proceso judicial que se inicia cuando una persona jurídica, es decir, una empresa, se encuentra en una situación de insolvencia, ya sea actual o inminente, y no puede hacer frente al pago de sus deudas. Esencialmente, es un mecanismo legal diseñado para proteger tanto a los deudores como a los acreedores, ofreciendo un camino estructurado para resolver la situación financiera problemática.
La ley establece que el empresario, al tener conocimiento de la situación de insolvencia, tiene la obligación de presentar la solicitud de concurso en un plazo máximo de dos meses. Si se admite a trámite, el juzgado dictará un auto de declaración de concurso voluntario, con el que se dará inicio al procedimiento y sus diferentes fases, en virtud de la situación particular de la empresa deudora, así como del objetivo por el que se ha decidido iniciar el proceso. El responsable del cumplimiento de este deber es del administrador u órgano de administración de la sociedad insolvente.
El concurso de acreedores persigue, con la supervisión de la Administración Concursal, la búsqueda de soluciones para conseguir la continuidad de la actividad empresarial.
Soy insolvente? Mi empresa está en estado de insolvencia?
La insolvencia es cuando no podemos pagar nuestras deudas a tiempo. Esto significa que no tenemos capacidad de cumplir regularmente con los compromisos adquiridos con acreedores a su vencimiento. Puede afectar tanto a personas como a empresas.
A estos efectos, es indiferente si el deudor cuenta con activos o patrimonio suficientes para cubrir sus deudas, ya que lo relevante es si la liquidez o tesorería disponible nos permite el pago de las cuotas u obligaciones a su vencimiento.