La sentencia que estimó la impugnación presentada por un grupo de acreedores puede conducir al grupo industrial Abengoa a un nuevo concurso de acreedores.
La compañía necesita liquidez para hacer frente a los pagos a que le obliga el fallo, alrededor de 100 millones de euros.
Además, a esa cifra pueden añadirse 116 millones más de unas líneas de avales que podrían ejecutarse por parte de los acreedores Portland General Electric y la aseguradora Zúrich. El grupo busca una solución que evite ese desenlace.
Abengoa ha intentado llegar a un acuerdo con los bonistas que interpusieron la impugnación sin éxito alguno.
A su vez, hay que considerar que el grupo no ha logrado cerrar la venta de su filial estadounidense, Abengoa Atlántica (antes Abengoa Yield), al no lograr ponerse de acuerdo con los fondos interesados, no ha conseguido vender activos en África y Latinoamericana, que le habrían dado margen para superar la actual situación.
La otra alternativa es que los bancos que apoyaron el plan de reestructuración del grupo hagan un esfuerzo adicional.
La sentencia compromete el acuerdo de refinanciación, ya que, además de tener que devolver la deuda a los bonistas, se abre la posibilidad de que otros afectados que sí suscribieron el convenio propuesto por Abengoa, estarían en capacidad de exigir daños y perjuicios, involucrando incluso a las entidades financieras que respaldaron el plan de refinanciación.
La impugnación fue presentada en mayo de 2016 y, en otra sucesiva, en abril de 2017, por un importe en torno a los 10 millones de euros; mientras accionistas internacionales reclamaron unas cantidades muy superiores, que elevan la deuda realizada a los 100 millones y la realizable a 116 millones más.
En el informe intermedio emitido por los auditores del grupo sobre las cuentas del primer semestre de Abengoa se incide en el hecho de que el grupo, en los seis meses terminados el 30 de junio de 2017, tiene una situación de patrimonio negativo incluso a pesar del plan de reestructuración financiera y societaria llevado a cabo. Esto evidencia la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad del grupo para continuar con sus operaciones.
El informe ya recoge la nueva situación de Abengoa tras la sentencia que da la razón a las impugnaciones al plan de viabilidad, en la que se reconoce su derecho a que se les restituya su inversión.