Los concursos de acreedores en España tienen como grandes protagonistas a las micropymes.
Las empresas con menos de 10 trabajadores en plantilla coparon el 52,5% de los procesos judiciales en los que se embarcaron algo más de 4.000 sociedades el año pasado para resolver sus problemas de insolvencia.
Esa elevada ratio se ha incrementado considerablemente con el embate de la crisis y evidencia el peso que estas firmas de reducida dimensión tienen en el tejido empresarial frente a las de mayor tamaño. Por el contrario, los casos que implican a grandes y medianas empresas han disminuido con fuerza en la última década, pasando del representar el 13,9% del total de procedimientos al 3,7 en 2016.
Así lo pone de manifiesto un atlas concursal elaborado desde el Consejo General de Economistas y presentado en Santiago, en el marco de un encuentro de profesionales de la materia organizado por el Consello Galego de Economistas que se extiende hasta hoy con la participación de más de 200 administradores concursales.
Esta completa radiografía sobre la problemática de las insolvencias empresariales revela también cuántos autónomos echan mano de esta vía —la antigua suspensión de pagos— para tratar de solventar los problemas de falta de liquidez en su negocio. El año pasado fueron 687 en toda España, una cifra que lleva dos años bajando en un contexto de descenso generalizado de los concursos pero que desde el inicio de la crisis se ha duplicado. En todo caso, los datos permiten concluir que los trabajadores por cuenta propia no suelen recurrir a este tipo de procedimientos para resolver sus problemas económicos, sino que un alto porcentaje de ellos «prefiere optar por el simple cierre». Eso significa que el bajo peso de los autónomos en la estadística de concursos «no da muestra de los índices reales de ceses de actividad» entre este colectivo.
En todo caso, es necesario destacar que el procedimiento concursal adecuado para un autónomo no suele ser el equivalente al procedimiento que se pone en marcha para una empresa, independientemente de su tamaño. Por el contrario, la Ley de Segunda Oportunidad, es habitualmente el mecanismo más conveniente para salvaguardar la actividad y patrimonio del autónomo que ha visto su situación económica comprometida. [Ver Artículo Relacionado]
Los expertos en economía forense que elaboraron el documento llaman la atención sobre la concentración del número de concursos de acreedores en autónomos, micropymes y pequeñas empresas, que copan en conjunto el 86,5% de los procedimientos.
Con ese telón de fondo, desde el Consejo General de Economistas piden allanar el camino para que las pymes en situación de insolvencia acudan al concurso antes de optar por otras situaciones «drásticas» y, en este punto, defienden que sus deudas con la administración pública puedan estar sujetas a quitas y esperas.
En un estudio plagado de cifras sobre la actividad concursal en España, los analistas ponen de relieve que en la práctica existen más empresas que echan el cierre a causa de las dificultades económicas de las que reflejan las estadísticas oficiales.
Advierten, de hecho, de la existencia de «una economía sumergida de insolvencias» que las empresas afectadas no tratan de resolver recurriendo al concurso de acreedores, por lo que piden hacer más atractiva esta vía. Se basan en que los pagos que efectúa el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para garantizar el sueldo o las indemnizaciones por despido de trabajadores en empresas que no pueden hacer frente a esas obligaciones, estén o no en concurso, son superiores a los concursos que se producen.
El año pasado, el Fogasa cargó con gastos inasumibles para 12.436 sociedades —un 40% menos que en 2014—, mientras que los procedimientos por insolvencia contabilizados fueron 4.080.