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GAULA Abogados en Canarias 7 | Ley de Segunda Oportunidad

Canarias 7 recoge en este artículo una entrevista a Carlos Pavón, socio director de GAULA Abogados, en relación a la Ley de Segunda Oportunidad en Canarias.

Canarias se sitúa a la cola del acogimiento a esta norma que entró en vigor en 2015 y que permite a los particulares y autónomos librarse del pago de las deudas siempre que se demuestre que se ha actuado de buena fe.

El desconocimiento es la primera causa de que los isleños apenas se acojan.

Las familias y autónomos canarios se encuentran a la cola del Estado en el acogimiento a la Ley de Segunda Oportunidad, que tras entrar en vigor en 2015 permite a las personas físicas liberarse de las deudas que hayan podido generar en la compra de una vivienda, avalando a hijos en la adquisición de un piso y por el fracaso de los negocios entre otros supuestos.

En concreto, en el archipiélago apenas 150 personas se han acogido a esta «beneficiosa» norma, según indica el socio director de Gaula Abogados, Carlos Pavón, que permite a las personas «poner el contador a cero» y proseguir con su vida, librándose de la asfixia de las deudas siempre y cuando se demuestre que se ha actuado con buena fe.

Frente a Canarias están las regiones de Cataluña y Madrid, con 4.000 y 2.000 procesos iniciados de particulares y autónomos, respectivamente.

La principal razón de la escasa acogida en las islas radica en el desconocimiento de la norma y las dificultades que entraña el proceso, que puede alargarse entre un año y año y medio.

«Es un proceso muy beneficioso pero no es fácil de gestionar».

Se advierte de un incremento en las islas en los últimos meses de las personas que sea acogen no tanto por la situación económica sino porque «hay mayor divulgación y especialización profesional en la norma en las islas», indica Pavón, cuyo despacho Gaula Abogados inició una colaboración con un despacho local de Tenerife en 2017 para llevar este tipo de procesos.


Este abogado especializado en la Ley de Segunda Oportunidad reconoce que el proceso, aunque muy beneficioso, es «complicado».

En el caso de los particulares el primer paso que tienen que dar para acogerse es acudir a una notaría a pedir el nombramiento de un mediador y esto se complica porque en muchos casos los notarios no quieren asumir los expedientes. «La ley no les obliga y en localidades donde hay más de una notaría surge el problema de que algunos se niegan. Si solo hay una es más fácil porque no pueden rechazarlo», explica Pavón, que como segundo problema apunta a los cobros que exigen los notarios.

«La ley dice que el procedimiento es gratuito pero luego todos los notarios te cobran por los gastos generados», afirma Pavón, que apunta a una media de 500 euros. «El inicio del proceso está lleno de hostilidades», apostilla.


En algunas zonas de Canarias como en La Laguna, asegura, se ha establecido un «sistema de turnos» lo que obliga a los notarios a asumir los expedientes. «Esto ha servido en las islas para facilitar los acogimientos», indica.

Los autónomos, en lugar de acudir al notario tienen que recurrir al Registro Mercantil para solicitar el mediador, que se encargará de supervisar la negociación que se llevará a cabo con los acreedores para solventar las deudas.

Esa negociación, tanto en el caso de los particulares como de los autónomos, implica que se fije un plan de pagos de las deudas acorde con la viabilidad económica de la persona. El problema es, según Pavón, que no suele llegarse a acuerdo y el 90% de los expedientes acaban en la vía judicial.

«Las entidades financieras ni aparecen en las negociaciones. Ellos tienen sus condiciones de refinanciación, que suelen ser más gravosas, y no les interesa un acuerdo propuesto por el particular y que implique menos pago», indica.

Ya en la vía judicial si el mediador acredita que el deudor ha actuado de buena fe el juez libera a la persona de los pagos. Eso sí, en caso de que el deudor tenga patrimonio será liquidado para cubrir lo que debe aunque no se cubra todo lo adeudado es cuando el juez te libra del resto, algo que ocurre en el 99% de los casos.

«Antes te quitaban la casa y persistían las deudas. Ahora te la quitan pero también las deudas. Esto permite poner el contador a cero y poder seguir con tu vida», concluye Pavón.



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