Cuatro de los responsables de la sociedad Áridos y Viales S.L. de Ourense se enfrentan a dos años y seis meses de prisión cada uno, como presuntos autores de un delito de alzamiento de bienes.
El ministerio fiscal alega que habrían transmitido diez vehículos de titularidad de la sociedad, que previamente habían sido embargados por el Juzgado de lo Social para hacer frente a nóminas que dejaron de abonar en julio de 2011 a sus trabajadores. El montante del dinero adeudado, según la acusación, asciende a 278.290 euros.
En el año 2012, la que fuera entonces administradora de la sociedad junto con siete operarios, comenzaron a ganar las reclamaciones que habían interpuesto en el Juzgado de lo Social por impago de sus nóminas. Como consecuencia, se dictó el embargo de diez vehículos para el pago de las deudas laborales. Sin embargo, los embargos no pudieron ser ejecutados ya que del total de 10 coches, sólo se pudo localizar uno. El resto de vehículos no fueron localizados, por lo que en el escrito del ministerio fiscal se ha considerado responsables a los cuatro acusados, al entender que tenían conocimiento de la deuda con los empleados y que, así mismo, ocultaron los automóviles.
Además sostiene la fiscalía que de igual modo la empresa se habría desprendido de bienes inmuebles a través de «operaciones ficticias» y capitulaciones matrimoniales, haciendo referencia a fincas urbanas y rústicas. El ministerio público, además de los años de prisión antes mencionados, solicita la anulación de las distintas operaciones de venta y donaciones.
La empresa, en concurso de acreedores, ostenta un pasivo que asciende a 4.306.802 euros.
Fuente: La Región
La vida diaria de una sociedad mercantil se estructura en torno a las funciones del órgano de administración y las competencias de la Junta General, existiendo una correlación entre ambas instituciones que regula el devenir de la empresa en el tiempo.
La existencia de una configuración jurídica de los deberes que ostentan los miembros del órgano de administración, unido al régimen de responsabilidad personal de los mismos en caso de incumplimiento, obliga a contar con un asesoramiento legal adecuado en la toma de decisiones por su parte que puedan tener trascendencia jurídica en el seno de la sociedad mercantil.
Asimismo, los socios y accionistas de las sociedades mercantiles ostentan derechos y obligaciones legalmente configurados, cuya correcta ejecución les permitirá un apropiado control de su inversión y la obtención de información suficiente para la adopción de acuerdos.