Transportes Martínez Souto, uno de los principales operadores gallegos del sector y proveedor logístico de PSA Citröen por su alianza con Gefco, cesaba el pasado 21 de febrero su actividad.
La crisis de Transportes Souto afecta a 700 trabajadores en plantilla y otros tantos transportistas que trabajan para el grupo gallego casi en exclusiva, así como a su principal financiador, Abanca, y a la Xunta de Galicia, que respaldó a través de Xesgalicia el plan de negocio de la compañía 2017-2022, con el que logró refinanciar su deuda y emprender un infructuoso camino hacia su saneamiento.
Al cierre de 2016, la empresa tenía un pasivo de 67,1 millones, de los que 22 millones eran deudas con entidades de crédito, procedentes de préstamos hipotecarios sobre naves del grupo en las 40 delegaciones repartidas por España y Portugal. Abanca y el Banco Popular-Pastor son los principales acreedores financieros.
En abril de 2017, Grupo Souto presentó un plan de viabilidad a cuatro años con el fin de hacer frente a la deuda que arrastraba de forma ordenada. Xesgalicia dio su apoyo con financiación. Abanca por su parte, asumió carencias en la amortización del principal préstamo hipotecario que tenía con la compañía, y el resto de créditos se alargaron cinco años y se redujeron los tipos de interés, disminuyendo así de forma considerable los costes financieros de la compañía que le restaban liquidez.
Xesgalicia y la banca impusieron a Transportes Souto obligaciones en contraprestación a la financiación recibida por el grupo, que hasta el momento las ha incumplido sistemáticamente.
La compañía se comprometía a desarrollar un plan de desinversiones para mejorar su liquidez, así como a simplificar su estructura con la absorción de las filiales y a que los socios hiciesen una aportación de fondos en paralelo a la nueva financiación bancaria. Estos compromisos no se han llevado a cabo, como tampoco se admitió la entrada de un nuevo socio inversor.
Transportes Souto facturó en 2016 cerca de 80 millones de euros. Podría tratarse de una empresa viable y con capacidad de crecimiento, pero la gestión y la estructura demasiado extensa y costosa para la tesorería del grupo, han desembocado en la actual situación de la compañía y el consiguiente perjuicio de sus trabajadores.
Un fondo hizo una oferta meses antes de que Transportes Souto presentara el preconcurso para hacerse con el control mayoritario del grupo logístico y aliviar así sus problemas de liquidez, pero las negociaciones no avanzaron y la directiva del grupo descartó su entrada como socio inversor.
El pasado mes de diciembre los empleados de la transportista no recibieron ni su salario ni la paga extra. Hasta entonces estaban acostumbrados al retraso de sus nóminas pero nunca a la falta de la misma. Después de que la empresa pidiera ayuda a PSA, su mayor cliente, pudieron hacer frente a la deuda, pero la situación se ha vuelto a repetir en el mes de enero, dando lugar a las primeras movilizaciones y reuniones entre los trabajadores.
En su último Informe de Gestión, se señalaba como causa adicional que «la crisis económica y financiera que se ha vivido en España en los últimos años ha tenido repercursiones muy negativas en la estructura patrimonial y financiera de los balances de las sociedades que operan en los diversos sectores en los que se estructura el mercado. Este efecto negativo ha perjudicado especialmente a las empresas que operan en el sector del transporte por carretera, debido sobre todo a la depreciación de sus activos inmobiliarios, tan necesarios y costosos, en esta actividad para ofrecer eficientemente los servicios de almacenaje, distribución y logística que demandan sus clientes en un mercado especialmente competitivo».
Tras reconocer una deuda de 18 millones y solicitar la entrada en preconcurso de acreedores, ha anunciado el cese de su actividad mientras negocia el ERE que la salve de una suspensión de pagos; y tiene para ello un plazo de cuatro meses.