Triman Minerals, es una empresa con treinta empleados en Mieres y dedicada a la producción de maquinaria para el trabajo en canteras, ya está en concurso de acreedores.
Los administradores concursales están poniéndose en contacto con los acreedores para que justifiquen sus créditos frente a la concursada.
Triman lleva más de dos décadas asentada en el concejo y tiene dos plantas: una fundición en Vega de Arriba, y la calderería en Loredo.
Los problemas en Triman Minerals comenzaron el pasado mes de abril. La firma anunció a los trabajadores que tenía problemas y falta de carga de trabajo. Poco después, las factorías quedaron sin actividad y la plantilla fue enviada a casa (amparada bajo la figura legal de «licencia retribuida», que respalda que los trabajadores no acudan a su puesto de trabajo mientras se tramita una regulación).
Plantilla, sindicatos y dirección mantuvieron un encuentro el mes pasado para acordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, en un principio, tendría una duración de tres meses.
Los responsables de la empresa achacaban la falta de solvencia a la escasa carga de trabajo en la calderería. Sin embargo, los sindicatos por su parte emitieron informes en los que reflejaban «irregularidades» en la gestión de la dirección de Triman. Por ejemplo, cuando empezaron las pérdidas se habría aumentado la plantilla. Señalaron «errores» que han llevado a la difícil situación que la empresa encara ahora.
En auto de fecha 5 de junio, dictado por el Juzgado Mercantil número 1 de Pamplona, se declara el concurso voluntario de la sociedad Triman Minerals.
El deudor Triman Minerals conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de estas a la intervención de la Administración Concursal mediante autorización o conformidad.
Por su parte, el juzgado de lo Social de Mieres condenó a la empresa, hace unas semanas, al pago de indemnizaciones que suman cerca de 270.000 euros para diez trabajadores que fueron despedidos de Vega de Arriba.
Habían demandado en abril a la empresa por la extinción de sus contratos, con el consiguiente derecho al cobro de indemnizaciones. Un paso al frente al predecir los impagos que, efectivamente, ya han sufrido todos los trabajadores de las plantas de Mieres. La firma hizo oídos sordos, pero el juez les dio la razón.