Galicia es la sexta comunidad con más casos que intentan acogerse a la reciente Ley de Segunda Oportunidad – Las peticiones en España superan las 5.000
El día a día de millones de familias se complicó con el estallido de la crisis.
Despidos, negocios con pérdidas, facturas y cuotas impagadas, y por consiguiente, el bloqueo de las cuentas por no haber hecho frente a la hipoteca, un préstamo personal o los gastos de las tarjetas de crédito.
Esta es la radiografía de muchos particulares y autónomos que se vieron ahogados por las deudas y que desde julio de 2015 pueden acogerse al llamado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho recogido en la Ley de Segunda Oportunidad y que les abrió la puerta a empezar de cero y salir de la lista de morosos.
Se les brindó una opción que hasta entonces estaba reservada a empresas.
En los dos últimos años, un total de 268 familias declaradas insolventes en Galicia empezaron la tramitación para cancelar las deudas contraídas con los bancos y/o sus proveedores, según informa La Opinión A Coruña.
Dicho balance sitúa a la comunidad gallega en el sexto puesto del ranking nacional, por detrás de Cataluña (1.131 solicitudes), Madrid (847), Valencia (747), Andalucía (527) y País Vasco (323).
Desde junio de 2016, más de 5.000 particulares y autónomos en España iniciaron el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
El volumen de tramitaciones se queda muy por debajo de las 250.000 familias en todo el país que se estimaba que podrían acogerse a la ley antes de su entrada en vigor y también está muy lejos de las registradas en países del entorno europeo, como Francia (más de 180.000) o Alemania (cera de 110.000).
Los particulares, familias y autónomos con deudas bancarias o con sus proveedores no superiores a los 5 millones de euros pueden acogerse a este procedimiento.
Familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas bloqueadas por impagos en un local comercial, configuran algunas de las situaciones habituales que derivan en un día a día muy complicado, que puede ser superado a través de la Ley de Segunda Oportunidad.
También es éste el perfil de los particulares y autónomos gallegos que iniciaron los trámites para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
La normativa, aún desconocdia para muchos, permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a sus acreedores privados como los bancos -no incluye las deudas con Hacienda y la Seguridad Social- siempre que se demuestre que se actuó «de buena fe» y que se intentó alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores privados.
Mediante la presentación de una propuesta de pagos realista y ajustada a la realidad económica actual del particular o autónomo deudor, puede alcanzarse con los acreedores un un acuerdo de pago que permita el pago de las deudas de forma ordenada.
Cuando la propuesta o plan de pagos no es aceptada por los acreedores y fracasa, se accede a la segunda fase del procedimiento a través de la solicitud del concurso de acreedores del deudor. La tramitación de esta fase permite obtener una resolución del juzgado que libera al deudor de la obligación de pagar sus deudas, ya que las condona a través de la liquidación de su patrimonio, aunque éste no fuera suficiente para satisfacer la totalidad de las cantidades pendientes. Para ello, es necesario cumplir un requisito fundamental: ser deudor de buena fe, según lo establecido en la propia normativa concursal.
Fuente: La Opinión A Coruña
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