Con una deuda que ascendía a unos 60 millones de euros y una tasación de las instalaciones de 26 millones de euros, el concurso de acreedores sigue pendiente de las decisiones judiciales, ahora del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.
Sin actividad desde hace años, el centro continúa inmerso en el proceso de liquidación acordado en el concurso de acreedores que declaró el Juzgado número 2 y de lo Mercantil de Segovia en septiembre de 2011.
Que las instalaciones tengan una posibilidad cierta de volver a abrir a corto o medio plazo depende del órgano judicial madrileño.
Una de las principales empresas segovianas, Grupo Copese, la décima en la clasificación de las mayores por volumen de negocio de la provincia, lleva año y medio detrás de una idea: instalar allí una de sus plantas de trabajo.
En su día se previó que, a pleno rendimiento, la planta podría dar trabajo a cerca de 400 personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos. Las instalaciones están cerradas hace ya casi siete años, aptas para matadero y sala de despiece.
Hay otras firmas que han mostrado interés, pero Copese lo ha certificado con su oferta de compra en el procedimiento concursal, ahora en fase de liquidación. Ha sido la única oferta presentada aunque su cuantía no ha sido precisada por el director de la empresa.
La sociedad con sede en Coca sería una garantía para la continuidad del proyecto.
Distinguida el año pasado con el premio Cecale de Oro por la confederación regional de empresarios, facturó en 2016 algo más de 49 millones de euros y su voluntad de compra del centro de Villacastín es firme, la registró ante el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid que sustancia la fase de liquidación del concurso de acreedores.
En este momento del proceso, una vez finalizada la junta de acreedores sin convenio, la firma Copese formuló su propuesta para adquirir el centro, pero uno de los acreedores con garantía real, una entidad bancaria que posee la hipoteca que grava el inmueble se opuso a la venta y posterior adjudicación por el juzgado, de manera que el órgano judicial dictó un auto en este sentido.
Copese presentó el pasado mes de diciembre el recurso contra esta decisión judicial, pero hasta hace unos días no ha notificado a las demás partes la interposición del recurso.
De este modo, la paralización queda en suspenso y vuelve a reactivarse la liquidación del Centro Integral Cárnico de Villacastín.
Los planes para que una empresa ocupe las instalaciones del Paraje Largas del Cerrillo, las ponga en marcha y cree decenas de empleos en Villacastín está en manos del juzgado y de la entidad financiera que tiene la hipoteca.
Hace tres años, las pruebas realizadas en el complejo dieron como resultado que la funcionalidad y operatividad de las instalaciones apenas se han resentido con el cierre. Pero el tiempo es un factor determinante para que avance el deterioro, que es posible y real en cualquier recinto cerrado. Y, así, la pérdida de valor de un centro que involucró a muchos agentes de la economía segoviana.
Concurso de Acreedores del Centro Integral Cárnico de Villacastín
En el origen del Centro Integral Cárnico de Villacastín, en 2003, estuvieron la cooperativa Avícola Ganadera Segoviana (Avigase), Caja Segovia, Ganaderos Reunidos Segovianos (Garese), Proinserga (salió de la iniciativa en 2004, cuando adquirió los mataderos de Primayor), Centro Cárnico Tradición Castilla SL (absorbida en julio de 2009), y otras sociedades pequeñas; al final, un año antes de la declaración del concurso, entró Taurum Foods Mediterráneo SA.
Las instalaciones del Centro Integral Cárnico de Villacastín, situadas en el Paraje Largas del Cerrillo, tiene una superficie construida dedicada a matadero de 17.700 metros cuadrados, con sala de despiece para vacuno.
La superficie urbanizada es de 65.000 metros cuadrados, en una parcela de 80.000 metros cuadrados, y las líneas de matanza tienen capacidad para tratar 400 reses de vacuno al día y 1.300 ejemplares de ganado porcino, si bien la maquinaria está incompleta y requiere una renovación.
Las instalaciones incluyen una depuradora de aguas residuales, un pozo propio de suministro y depósitos para abastecer al centro.
Promovido y construido por el grupo Avigase como principal socio, el Centro Integral Cárnico requirió una inversión de 21 millones de euros para su puesta en marcha.
Fue en su momento el matadero más grande de Castilla y León, pero su vida fue efímera y cerró dos años después de su apertura, en diciembre de 2011, dejando en el paro a 30 trabajadores y una deuda de unos 6o millones de euros, incluidos salarios e hipotecas.
En octubre de 2007, Caja Segovia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco Popular y la Caixa formalizaron el préstamo de 12,8 millones de euros que serviría para financiar el proyecto del Centro Integral Cárnico.
Las obras fueron inauguradas el 19 de enero de 2009 y las expectativas iniciales eran ambiciosas, con una previsión de ingresos de 55 millones de euros si se lograba comercializar veinte millones de kilos de carne.
Cuando estaba a punto de entrar en pruebas, en otoño de 2008, el complejo de Villacastín era considerado como el proyecto más importante de la región para la transformación cárnica, y el que se llevaba la inversión más importante, cifrada entonces en 22 millones de euros. Poco tiempo después, apenas tres años, llegó la crisis, la quiebra y el cierre del centro.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia declaró el concurso de acreedores en diciembre de 2011, y el procedimiento lleva en tramitación más de seis años ya que, al no concretarse un acuerdo en la fase de convenio, derivó en la fase de liquidación.
El proceso lo lleva ahora el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid desde marzo de 2013. Este órgano judicial dio por finalizada la fase común del concurso voluntario acumulado en un auto de marzo de 2014, y convocó en junio de aquel año la junta de acreedores para que se presentaran posibles propuestas de convenio. No las hubo viables.
En diciembre de 2015 se acordó la fase de liquidación, que se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en diciembre de 2017.