La fiscalía concluye que “hubo un mecanismo de confusión de caja, no un delito”, tras escuchar en la segunda sesión del juicio el informe de la administradora concursal. El abogado de los trabajadores que iniciaron el pleito en 2012 se ha adherido al ministerio público y las defensas se han quejado del “calvario” de seis años de los acusados.
No hubo delito en Alquimia Soluciones Ambientales, aunque sí un mecanismo de “confusión de caja” (se hicieron facturas con dos sociedades) que dio pie a unas pautas de actuación poco transparentes.
Con este argumento final la fiscalía provincial ha retirado la acusación por presunta insolvencia punible que pesaba contra el administrador, el gerente y el contable de la primera empresa I+D+I que creó la Universidad de Castilla-La Mancha en 2005 en Daimiel, y que se hundió ocho años después.
La fiscalía, que pedía 4 años de cárcel para los acusados además de 300.000 euros, ha decidido desistir, y lo mismo ha hecho la acusación particular, en representación de tres de los trabajadores que dieron pie a este pleito en 2012, cuando Alquimia presentó el preconcurso de acreedores (reclamaban 6 años de cárcel).
Concurso de acreedores fortuito
El pasado mes de abril, el juzgado de instrucción número 4, con competencias en lo Mercantil, declaraba fortuito el concurso de acreedores de Alquimia y no encontraba culpabilidad civil en la quiebra de la empresa.
La administradora concursal ha explicado que considera “correcto” que la primera sociedad Alquimia Soluciones Ambientales facturase gastos propios de gestión a través de Quidam 21, donde en principio se creyó que existía un afán defraudatorio.
Las defensas por su parte han agradecido que las acusaciones hayan decidido retirar los cargos, pero han reprochado haber tenido que llegar hasta el juicio en la Audiencia.
Alquimia llegó a ser Placa al Mérito Regional por su labor medioambiental como primera ‘spin off’ nacida en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Los problemas empezaron cuando se agudizó la crisis económica a partir de 2010 y se agravaron un año después con un incendio de la planta, en Daimiel. Ante ese panorama y los impagos en enero de 2012 la empresa solicitó el preconcurso de acreedores y los trabajadores, que tenían nóminas pendientes de cobro, presentaron en marzo una solicitud de adopción de medidas cautelares en los juzgados de lo Social.
Entre mayo y junio se declaró el concurso de acreedores y el administrador ordenó a todos los clientes de Alquimia que abonen las facturas en los sucesivo a Quidam SL, sociedad de la que era el administrador único.
Tras la resolución del pleito laboral, en el que los trabajadores obtuvieron el pago de sus importes pendientes del Fogasa, los empleados entendieron que se estaba desviando capital de una sociedad a otra por lo que solicitaron que se imputara al administrador por el delito de insolvencia punible, al que se adhirió la fiscalía.
En paralelo se desarrollaba el concurso de acreedores de la sociedad que se resolvió como concurso fortuito (no culpable) recientemente, ya que a pesar de que los fondos pasaron de una sociedad a otra, posteriormente se reintegraron en el concurso.