El grupo de material de oficina Adveo se ha acogido al preconcurso de acreedores, el artículo 5-bis de la Ley Concursal, después de que las negociaciones entre las entidades tenedoras de su deuda financiera y Staples Solutions, filial de Cerberus, finalizaran sin acuerdo.
Staples Solutions, radicada en Holanda, es el inversor industrial que iba a comprar la deuda financiera de Adveo y capitalizarla.
Su propuesta no era vinculante y estaba sujeta al resultado de la auditoría o “due diligence” que estaba llevando a cabo.
Con esta operación, Adveo preveía resolver de forma definitiva el problema de endeudamiento estructural que arrastra y afianzar su estrategia de convertirse en un grupo líder multicanal en Europa en el ámbito de las soluciones para el entorno de trabajo.
Adveo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha presentado preconcurso de acreedores tras fracasar la negociación entre sus acreedores.
Dada la falta de acuerdo y el estado del actual proceso de reestructuración, el grupo ha decidido acogerse al mecanismo de protección previsto en el artículo 5bis de la Ley Concursal, para dotar a la compañía de un marco estable.
El objetivo es proseguir la negociación existente de otras alternativas con las entidades financieras y otros inversores, actualmente en curso.
Por otro lado, la sociedad ha explicado que esta decisión no supone “alteración en la actividad actual de la compañía, que continuará con sus operaciones como viene realizándolas hasta la fecha, ni en sus órganos de gestión”.
Adveo registró unas pérdidas de 18,3 millones de euros en el primer semestre de 2018, frente a los números rojos de 5,8 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. A finales de junio, la deuda financiera del grupo alcanzaba los 146,7 millones.
El consejo de administración de Adveo ha acordado por unanimidad acogerse al preconcurso de acreedores tras concluir las negociaciones entre las entidades tenedoras de su deuda financiera y Staples Solutions sin acuerdo.
“A la vista de lo anterior, y el estado del actual proceso de reestructuración, el consejo de administración ha acordado por unanimidad acogerse al mecanismo de protección previsto en el artículo 5bis de la Ley 22/2003 con el fin de dotar a la compañía de un marco estable para proseguir la negociación existente de otras alternativas con las entidades financieras y otros inversores, actualmente en curso”, señaló la empresa en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El hecho de acogerse al preconcurso de acreedores concede a la compañía tres meses para lograr el acuerdo con los acreedores. Una vez finalizado ese periodo y si no se logra el convenio, la empresa tiene otro mes para presentar al juzgado la solicitud de declaración de concurso.