Crecen los concursos de empresas y de personas físicas

Los concursos de acreedores, tanto de empresas como de ciudadanos, se han disparado en el tercer trimestre del año.

Los concursos de acreedores -antiguas suspensiones de pagos- presentados en los juzgados españoles durante el tercer trimestre superaron la barrera de los 4.100 procedimientos, lo que supone un 50,8 % más que el total registrado en 2019, antes de la pandemia, y un 12,4 % más que en 2020.

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de los 4.101 concursos, 1.905 se registraron ante los juzgados de lo Mercantil, mientras que el resto, 2.196, fueron presentados en los juzgados de Primera Instancia por personas físicas (no empresarios).

Teniendo en cuenta sólo los procedimientos vinculados a empresas, la evolución muestra un incremento del 7 % en términos interanuales, que roza el 21 % si se compara con el último ejercicio previo a la crisis del coronavirus.

Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido el territorio en el que más concursos se han registrado en estos órganos judiciales, 617, lo que representa el 32,4 % del total.

Acto seguido se encuentran Madrid, con 344; la Comunidad Valenciana, con 245; y Andalucía, con 189.

De los 1.905 concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil, 838 corresponden a personas físicas empresarias, en tanto que la mayoría, 1.067, a personas jurídicas.

Ley de segunda oportunidad

Respecto a los concursos de personas físicas ante los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, se han incrementado un 17,6 % frente al tercer trimestre de 2020.

Sin embargo, la diferencia se hace más notable si se toman en consideración los datos de 2019, y es que este tipo de concursos ha subido un 92,1 % respecto a hace dos años.

También en esta ocasión Cataluña ha sido la comunidad autónoma con más procedimientos presentados, 582, esto es, el 26,5 % del total nacional.

Le siguen Madrid, con 389; la Comunidad Valenciana, con 277; y Andalucía, con 253.

Estos niveles se registran cuando aún se encuentra en vigor la suspensión del deber de solicitar concurso de acreedores por el propio deudor, puesta en marcha por el Gobierno con motivo de la pandemia.

La conocida como moratoria concursal ha sido recientemente prorrogada por el Consejo de Ministros hasta el próximo 30 de junio de 2022.