q
Nuestro asesoramiento jurídico financiero multidisciplinar a empresas y particulares permite superar un escenario de crisis económica salvaguardando la actividad empresarial y protegiendo el patrimonio.
SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

GAULA Abogados en El Mundo | Plan para evitar el colapso judicial

El periódico El Mundo publica en su Tribuna de Opinión el análisis de GAULA Abogados en relación al plan de choque que prepara el Consejo General del Poder Judicial para paliar las consecuencias de la declaración del estado de alarma, derivado de la crisis del coronavirus.

“El Consejo General del Poder Judicial prepara un plan de choque para paliar las consecuencias que la declaración del estado de alarma, derivado de la crisis de la Covid-19, pueda producir sobre la administración de Justicia. En este sentido, el órgano del gobierno del Poder Judicial prevé un ingreso masivo de asuntos que podría derivar en un colapso de los órganos judiciales de por si altamente saturados.

La obligación de cese de las actividades empresariales no consideradas esenciales, así como la proliferación de ERTES consecuencia de dichos ceses de actividad, plantea un escenario desalentador para la economía que, de no adoptar las medidas pertinentes, podría derivar en una nueva crisis económica cuyas consecuencias son sobradamente conocidas por la ciudadanía.

La comunicación emitida por el Poder Judicial distingue distintas medidas para cada uno de los órdenes jurisdiccionales, considerando que uno de los más afectados será el orden jurisdiccional civil y mercantil como consecuencia del incremento de los concursos de acreedores. Las medidas propuestas en este ámbito se dirigen a agilizar la tramitación de los procedimientos concursales a fin de salvaguardar el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a maximizar el rendimiento económico de los activos concursales.

Si bien el comunicado no adelanta qué medidas concretas se van a adoptar, sí considera que la aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal y la trasposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad, puede ayudar a paliar la situación de los juzgados mercantiles.

Por su parte, las medidas que se adoptarán en el orden civil van encaminadas igualmente a facilitar la tramitación de los procedimientos judiciales, entre las cuales se encuentran la flexibilización de los apoderamientos a favor de procuradores o la comunicación con abogados a través de correo electrónico y teléfono para agilizar citaciones y notificaciones.

También destacan las medidas para establecer cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales contradictorias, así como desincentivar a las litigaciones entre partes mediante una regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la imposición de una multa por el mantenimiento de posiciones injustificables.

Otro de los órdenes jurisdiccionales que se verá afectado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 es el orden jurisdiccional laboral, en el que se prevé un fuerte incremento de los procesos de despido, extinción de contrato y reclamaciones de salarios en materia de prestaciones. Las medidas previstas para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria sobre este orden jurisdiccional pasan por adoptar reformas en materia procesal que permitan agilizar la resolución de procesos, así como la comunicación telemática con órganos administrativos, tales como Fogasa. Asimismo, se propone fomentar el dictado de sentencias in voce, lo cual supone que los jueces deberán dictar su sentencia en el acto y de forma oral.

En relación con los ERTES, se prevé la modificación de la Ley reguladora de la jurisdicción social a fin de asimilarlos a los procedimientos de despido colectivo o EREs en cuanto a su impugnación, y facilitar de esta manera su tramitación. Igualmente, en esta materia se prevé limitar el acceso al recurso de forma que las sentencias que resuelvan sobre la impugnación de un ERTE no sean susceptibles de recurso ordinario o extraordinario.

Por último, se prevé un plan extraordinario para dotar a los juzgados y tribunales del orden social de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para que las medidas propuestas resulten eficaces.

La comunicación publicada por el CGPJ basa la adopción de las anteriores medidas en la experiencia de la puesta en marcha de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas que supuestamente evitó colapsar aún más la jurisdicción civil, experiencia que, desde un punto de vista práctico, únicamente ha contribuido al colapso de los Juzgados especializados en clausulas suelo, los cuales arrastran una demora de varios años para la tramitación de estos procedimientos.

Por tanto, sin perjuicio de conocer los detalles de las medidas que finalmente se adoptarán para paliar las consecuencias que la crisis de la Covid-19 causará sobre la administración de justicia, lo cierto es que la inmensa mayoría de juzgados y tribunales se encuentran altamente congestionados desde hace años, por lo que, previsiblemente, las medidas que se lleven a cabo, si bien podrían agilizar la realización de determinados trámites, en ningún caso supondrán una descongestión significativa de la administración de justicia, lo cual, debe pasar necesariamente por la dotación de recursos materiales suficientes al poder judicial, sin menoscabo de las garantías procesales que debe presidir la tutela judicial efectiva en materia de recursos y forma escrita de las resoluciones judiciales.

En todo caso, deberemos esperar a conocer las medidas concretas que se adoptarán a fin de valorar al alcance de éstas sobre los órganos judiciales y los distintos operadores jurídicos, compartiendo la necesidad comunicada por el Poder Judicial de actuar desde el poder gubernamental para evitar el colapso judicial que pueda sobrevenir a la actual crisis sanitaria y económica”.



Call Now Button